¿Transparencia en el deporte?

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¿Transparencia en el deporte?

Invocar la transparencia, sobre todo en épocas preelectorales, se ha convertido en algo frecuente. Si se hace en primera persona, será en términos autocomplacientes, mientras que, si la persona utilizada es la tercera, es decir, cuando hablamos de los otros, generalmente el tono utilizado será crítico o acusatorio. Todos queremos parecer transparentes, pero no siempre hacemos lo posible por serlo.

Si llevamos esa transparencia al ámbito deportivo, nos encontraremos con cierta desidia, más bien abandono, en los dirigentes que gestionan las entidades del deporte español. No será la primera vez que se diga que el deporte, en nuestro país, dispone de ciertas licencias. En materia de transparencia, no sólo el mundo del deporte, sino, en general, las entidades privadas disfrutan de la “manga ancha” que impera en nuestra sociedad.

transparencia clubsPocos de nuestros dirigentes deportivos, regidores de clubes y federaciones, aplican las obligaciones que recoge la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Muchos ni siquiera saben que existe esa norma, o que contiene obligaciones para las entidades que dirigen. Porque no ha habido ni hay en España (es, quizás, una cuestión cultural) costumbre de dar explicaciones respecto de la gestión de las entidades deportivas.

Partiendo de la base de que las federaciones son consideradas (y seguirán siéndolo, afortunadamente, en la nueva ley del deporte, de próxima aprobación) entidades privadas, no existen diferencias sustanciales entre las obligaciones que deben cumplir las federaciones o los clubes. Así, y conforme recoge la letra b del artículo 3 de la Ley, la ley es aplicable a aquellas entidades que, durante un año o bien perciban ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a cien mil euros, o bien que el 40% de sus ingresos tenga dicho origen público, siempre que ese 40% sea superior a cinco mil euros. Excluye, por tanto, únicamente a las entidades muy pequeñas, o a aquellas, cada vez menos numerosas, cuyos ingresos tengan origen mayoritariamente privado.

Si, llegados a este punto, hacemos una reflexión, la conclusión no puede ser otras: sí, muchas de las federaciones, nacionales y autonómicas, y bastantes clubes de deporte base, deberían cumplir la ley de transparencia. Bien digo, deberían.

clubs del mundo¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues, tal y como ha aclarado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las entidades privadas a las que nos referimos deben publicar de forma periódica y mantener actualizada en sus páginas web —dando por hecho que la tienen—, de forma comprensible y fácil acceso, dos tipos de información.

Por un lado, la información institucional: funciones que desarrollan, normativa que les es aplicable y organigrama actualizado que identifique a los responsables.

Y del otro lado, la información económica, presupuestaria y estadística: datos sobre contratos celebrados con una Administración Pública; decisiones de desistimiento y renuncia de estos;  datos sobre convenios suscritos con una Administración Pública, modificaciones y, en su caso, obligaciones económicas convenidas; y datos sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas por una Administración Pública, detallando su importe, objetivo y beneficiarios.

Por ahora, ¿quién cumple?

Como se deduce de los párrafos anteriores, no podemos decir que la comunidad deportiva sea fiel cumplidora de las obligaciones antedichas.

La Liga de Fútbol Profesional viene empeñándose, desde hace tiempo, en que sus miembros cumplan con detalle la normativa sobre transparencia. Y lo cierto es que las Sociedades Anónimas Deportivas y los clubes miembros de la mayor competición profesional de nuestro país han avanzado mucho, como no podía ser de otra manera. Quizás por ello, el último informe de Transparencia Internacional España data del año 2016.

También ha mejorado notablemente el cumplimiento, en general, de las federaciones nacionales. Así lo indican los resultados del Índice de Transparencia de la Federaciones Deportivas (INFED), realizado ya en dos ediciones por Transparencia Internacional España, organización no gubernamental que, en su web, se atreve a presentarse como la única ONG a escala universal dedicada a combatir la corrupción. Esos estudios sobre las federaciones nacionales califican con matrícula de honor a 14 de las 65 federaciones objeto del informe. En la cola de dichos datos, las federaciones de caza, pentatlón moderno y galgos. 

No podemos decir lo mismo de las federaciones autonómicas. Centrar la vista en Castilla y León, desde donde realizamos este blog, nos supone una evidente decepción. Por distintos motivos. El primero, porque hablamos, en general, de federaciones con presupuestos bajos, y con escaso vigor. Pero, además, porque la ley autonómica olvida por completo a las entidades privadas en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno. Evidentemente, no hay cultura de cumplimiento.

Y, por último, porque son muy escasas, hoy por hoy, las entidades que cumplen con las obligaciones de la normativa de transparencia: casi exclusivamente, grandes federaciones y sociedades anónimas deportivas. Las sanciones que recoge la ley, de escaso desarrollo y aplicación por ahora, no parecen ser amenaza suficiente para quienes, durante décadas, han regido en clubes y federaciones. El propósito de enmienda de sus dirigentes tampoco parece ser firme.

Pero es un error. Porque la exposición pública, cada vez mayor en un mundo de “redes”, y la exigencia de quienes, como federados, socios o meros integrantes, forman parte estas entidades son razones suficientes para “ser” transparentes.

El esfuerzo de transparencia merece la pena, no sólo por evitar sanciones, o el reintegro de una subvención (actualmente, solo el Consejo Superior de Deportes sanciona con la devolución si no se cumple con la ley), sino por el efecto en la confianza y, seguro, el éxito de clubes y federaciones. Muchas de estas entidades deberían, incluso, disponer de un programa de “Compliance”, que las protegiera de eventuales infracciones penales. Pero eso es otra historia…

Solo nos queda confiar en que la necesaria mejora en formación y preparación de los dirigentes de clubes y federaciones, conlleve, en un plazo no lejano, la aplicación de este tipo de políticas, máxime cuando son obligaciones impuestas por ley. Lo contaremos.

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