Más allá del fútbol

campo futbol

¿Transparencia en el deporte?

Invocar la transparencia, sobre todo en épocas preelectorales, se ha convertido en algo frecuente. Si se hace en primera persona, será en términos autocomplacientes, mientras que, si la persona utilizada es la tercera, es decir, cuando hablamos de los otros, generalmente el tono utilizado será crítico o acusatorio. Todos queremos parecer transparentes, pero no siempre hacemos lo posible por serlo.

Si llevamos esa transparencia al ámbito deportivo, nos encontraremos con cierta desidia, más bien abandono, en los dirigentes que gestionan las entidades del deporte español. No será la primera vez que se diga que el deporte, en nuestro país, dispone de ciertas licencias. En materia de transparencia, no sólo el mundo del deporte, sino, en general, las entidades privadas disfrutan de la “manga ancha” que impera en nuestra sociedad.

Leer más

transparencia clubsPocos de nuestros dirigentes deportivos, regidores de clubes y federaciones, aplican las obligaciones que recoge la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Muchos ni siquiera saben que existe esa norma, o que contiene obligaciones para las entidades que dirigen. Porque no ha habido ni hay en España (es, quizás, una cuestión cultural) costumbre de dar explicaciones respecto de la gestión de las entidades deportivas.

Partiendo de la base de que las federaciones son consideradas (y seguirán siéndolo, afortunadamente, en la nueva ley del deporte, de próxima aprobación) entidades privadas, no existen diferencias sustanciales entre las obligaciones que deben cumplir las federaciones o los clubes. Así, y conforme recoge la letra b del artículo 3 de la Ley, la ley es aplicable a aquellas entidades que, durante un año o bien perciban ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a cien mil euros, o bien que el 40% de sus ingresos tenga dicho origen público, siempre que ese 40% sea superior a cinco mil euros. Excluye, por tanto, únicamente a las entidades muy pequeñas, o a aquellas, cada vez menos numerosas, cuyos ingresos tengan origen mayoritariamente privado.

Si, llegados a este punto, hacemos una reflexión, la conclusión no puede ser otras: sí, muchas de las federaciones, nacionales y autonómicas, y bastantes clubes de deporte base, deberían cumplir la ley de transparencia. Bien digo, deberían.

clubs del mundo¿Y cuáles son esas obligaciones? Pues, tal y como ha aclarado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, las entidades privadas a las que nos referimos deben publicar de forma periódica y mantener actualizada en sus páginas web —dando por hecho que la tienen—, de forma comprensible y fácil acceso, dos tipos de información.

Por un lado, la información institucional: funciones que desarrollan, normativa que les es aplicable y organigrama actualizado que identifique a los responsables.

Y del otro lado, la información económica, presupuestaria y estadística: datos sobre contratos celebrados con una Administración Pública; decisiones de desistimiento y renuncia de estos;  datos sobre convenios suscritos con una Administración Pública, modificaciones y, en su caso, obligaciones económicas convenidas; y datos sobre subvenciones y ayudas públicas concedidas por una Administración Pública, detallando su importe, objetivo y beneficiarios.

Por ahora, ¿quién cumple?

Como se deduce de los párrafos anteriores, no podemos decir que la comunidad deportiva sea fiel cumplidora de las obligaciones antedichas.

La Liga de Fútbol Profesional viene empeñándose, desde hace tiempo, en que sus miembros cumplan con detalle la normativa sobre transparencia. Y lo cierto es que las Sociedades Anónimas Deportivas y los clubes miembros de la mayor competición profesional de nuestro país han avanzado mucho, como no podía ser de otra manera. Quizás por ello, el último informe de Transparencia Internacional España data del año 2016.

También ha mejorado notablemente el cumplimiento, en general, de las federaciones nacionales. Así lo indican los resultados del Índice de Transparencia de la Federaciones Deportivas (INFED), realizado ya en dos ediciones por Transparencia Internacional España, organización no gubernamental que, en su web, se atreve a presentarse como la única ONG a escala universal dedicada a combatir la corrupción. Esos estudios sobre las federaciones nacionales califican con matrícula de honor a 14 de las 65 federaciones objeto del informe. En la cola de dichos datos, las federaciones de caza, pentatlón moderno y galgos. 

No podemos decir lo mismo de las federaciones autonómicas. Centrar la vista en Castilla y León, desde donde realizamos este blog, nos supone una evidente decepción. Por distintos motivos. El primero, porque hablamos, en general, de federaciones con presupuestos bajos, y con escaso vigor. Pero, además, porque la ley autonómica olvida por completo a las entidades privadas en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y buen gobierno. Evidentemente, no hay cultura de cumplimiento.

Y, por último, porque son muy escasas, hoy por hoy, las entidades que cumplen con las obligaciones de la normativa de transparencia: casi exclusivamente, grandes federaciones y sociedades anónimas deportivas. Las sanciones que recoge la ley, de escaso desarrollo y aplicación por ahora, no parecen ser amenaza suficiente para quienes, durante décadas, han regido en clubes y federaciones. El propósito de enmienda de sus dirigentes tampoco parece ser firme.

Pero es un error. Porque la exposición pública, cada vez mayor en un mundo de “redes”, y la exigencia de quienes, como federados, socios o meros integrantes, forman parte estas entidades son razones suficientes para “ser” transparentes.

El esfuerzo de transparencia merece la pena, no sólo por evitar sanciones, o el reintegro de una subvención (actualmente, solo el Consejo Superior de Deportes sanciona con la devolución si no se cumple con la ley), sino por el efecto en la confianza y, seguro, el éxito de clubes y federaciones. Muchas de estas entidades deberían, incluso, disponer de un programa de “Compliance”, que las protegiera de eventuales infracciones penales. Pero eso es otra historia…

Solo nos queda confiar en que la necesaria mejora en formación y preparación de los dirigentes de clubes y federaciones, conlleve, en un plazo no lejano, la aplicación de este tipo de políticas, máxime cuando son obligaciones impuestas por ley. Lo contaremos.

Leer menos

futbol adolescente

El derecho a jugar

Si digo que el deporte base ha cambiado mucho en las últimas décadas, no estoy descubriendo nada. Todo ha cambiado mucho en los últimos tiempos, y la práctica deportiva no puede ser ajena a la sociedad en la que se desenvuelve.

Han cambiado las instalaciones, ha cambiado el material, ha cambiado la organización, y han cambiado incluso, en algunas disciplinas deportivas, las normas.

Sin embargo, no han cambiado las ganas de practicar deporte, de entrenar, competir y divertirse de los deportistas de base. Muchos de ellos menores de edad, niños, que siguen teniendo el mismo afán por JUGAR. Y el mismo derecho, el derecho a jugar, el derecho a practicar su deporte, que —así lo dicen los entendidos— les va a ayudar a desarrollar física, psíquica y socialmente, a mejorar su autoestima, y, en algunos casos, a alcanzar el éxito, mayor o menor.

Leer más

derecho a jugar
Sin embargo, en algunos casos, en algunas disciplinas deportivas, las normativas federativas siguen poniendo obstáculos a ese derecho. No se entiende —al menos, yo no lo entiendo—, que un niño de 12, 14 o 16 años no pueda cambiar de equipo sin la autorización del anterior. No se entiende, en la sociedad actual, que siga existiendo el derecho de retención en las normativas que algunos deportes aplican en edades infantiles, cadetes o juveniles.

¿De dónde surge esa obligación que vincula sin remedio al niño con un equipo, con un club? ¿Cómo adquiere este club ese derecho que limita la posibilidad de practicar deporte a nuestros menores? Se nos puede decir que cuando un menor y uno de sus progenitores firma una licencia (una ficha) se está adquiriendo una serie de obligaciones. Pero esta afirmación, conociendo qué es lo que se firma en esos casos, no se sostiene desde el punto de vista jurídico, pero menos aún desde el punto de vista ético.

Podemos imaginar a un niño de 14 años que quiere cambiar de club porque sus amigos lo han hecho, o porque ha cambiado de colegio, o de domicilio, o porque quiere jugar en una categoría superior, o porque el “mejor equipo” de su ciudad le ha contactado por sus cualidades deportivas. Y el equipo al que pertenecía le dice que no le permite el cambio y ejerce el derecho de retención. Algo que no existe ya en el deporte profesional, pervive aún en la competición de base de algunos deportes.

baloncesto chicasEl resultado de esa retención será que, si el club de origen no accede a liberar su licencia, ese niño o niña, muy probablemente, dejará el deporte, la competición, al menos provisionalmente. Porque la posible reclamación, primero en las instancias federativas, y luego en los órganos administrativos correspondientes, para finalizar, quizás, en los Juzgados de lo contencioso, suponen una eternidad, sobre todo para los niños, para los que esperar una semana para disputar otro partido es ya mucho tiempo. Y, en algunos casos, eso va a suponer el abandono definitivo de la práctica deportiva. Los perjuicios de esa situación para el menor son evidentes, además de suponer un atropello de su derecho a hacer deporte.

Para que la parte débil, en este caso el deportista de base, no sufra esa vulneración en sus derechos, es necesario que aquellas federaciones que aún mantienen el derecho de retención, modifiquen sus normativas, adaptándolas a lo que exigen tanto la Constitución Española, como la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, o incluso el Defensor del Pueblo.

Y, en mi opinión, esto debería aplicarse también a deportistas mayores de edad, siempre que su vinculación con el club de origen se limite a la práctica del deporte, es decir, siempre que hablemos de deportistas aficionados, quienes no sólo no perciben remuneración ninguna del club, sino que generalmente, al igual que los menores, pagan al mismo club por poder jugar. En este caso, la razón sería el evidente desequilibrio en las prestaciones: el o la deportista paga a cambio de poder jugar, pero el derecho de retención no parece tener contraprestación alguna.

Leer menos

licencia única deportiva

La licencia única o cómo romper una federación

Bienvenidos a mi blog sobre Derecho del Deporte. Que lleve el título de ‘Más allá del fútbol’ es toda una declaración de intenciones. Nos va a costar. Queramos o no, el fútbol nos invade, acapara los medios. Pero no todo es fútbol. Y menos en Derecho Deportivo. La legislación al respecto es amplísima, aunque la principal ley, La Ley del Deporte, lleve años esperando a ser reformada, mejorada y adecuada a los tiempos que corren.

Veréis, empiezo por una historia fallida cuyos efectos colaterales viví en primera persona: la licencia única.

En el año 2014, se trató de introducir una modificación en el artículo 32.4 de la Ley del Deporte —de ámbito estatal— para que las licencias deportivas emitidas por cualquier federación deportiva de ámbito autonómico habilitaran al deportista para participar en cualquier competición oficial. Fuera ésta de ámbito autonómico —en la propia federación o en otra territorial—, o estatal. Pero esta reforma se planteó con tantas dudas, y se recibió con tanta crítica, que el desarrollo reglamentario que anunciaba no llegó nunca. Y su vida fue efímera.

Cuatro años más tarde, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 12 de abril de 2018, declaró, sin declararlo, que la nueva redacción del artículo 32.4 era inconstitucional, por invadir competencias de las Comunidades Autónomas. Y, en consecuencia, la denominada licencia única únicamente habilita para participar en competiciones oficiales de ámbito estatal, manteniendo lo que se denomina efecto vertical. Para este viaje no hacían falta alforjas.

Al final, una de las razones más importantes de llevar a cabo la reforma de la Ley del Deporte, la unificación de licencias para abrir todas las competiciones a los federados no ha llegado a llevarse a cabo.

Leer más

firma convenioLa guerra por el dinero

Para mayor pena de la reforma, se han sumado efectos colaterales: las relaciones de algunas federaciones autonómicas con sus homólogas estatales se han deteriorado. Porque en el mundo federativo, no todo es deportividad y fair play, y las públicas luchas de poder que se conocen en las grandes federaciones, se reproducen con similar fiereza en las más pequeñas. A veces sin explicación.
Os cuento un caso concreto. La reforma de la que estamos hablando también anunció la regulación reglamentaria del reparto de los ingresos por licencias, marcando ya unos procedimientos algo “peculiares”.

Por ejemplo, se articula una intervención en las federaciones por parte de la administración deportiva. Unas federaciones que, no lo olvidemos, son entidades privadas. ¿Cómo? La reforma preveía la necesidad de mayorías cualificadas en las asambleas de las federaciones estatales para aprobar el reparto de los recursos económicos obtenidos por las licencias. Pero en caso de no alcanzarse ese acuerdo, quien decidiría sobre el reparto sería un órgano independiente designado entre el Consejo Superior de Deportes y las Comunidades Autónomas.

Y este punto desató la guerra en algunas federaciones, incluso en aquellas que ya tenían acordado el reparto, y, por ello, no estaban obligadas a adoptar medida alguna.
Errores de estrategia por parte de las presidencias de algunas federaciones nacionales, por exceso de celo, o por fallos en el cálculo de los apoyos con que podrían contar, derivaron en conflictos abiertos que provocaron una inestabilidad de difícil solución. Así, las autonómicas que no apoyaban las presidencias de federaciones estatales decidían cerrar el grifo del dinero a la estatal, y retenían, en contra de los acuerdos firmados, los cánones que debían aportar.

atletismoLa consecuencia: algunas federaciones nacionales débiles y sin recursos, y federaciones autonómicas que, en algunos casos, deciden pescar a rio revuelto. En las elecciones de 2016, el acoso y derribo finalizó con cambio en la presidencia de algunas federaciones estatales.

Cría cuervos y te sacarán los ojos, dice el sabio refranero. Está pasando lo que tenía que pasar. La paz, la concordia, ha durado poco, porque a aquellos que apoyaron el cambio en algunas de estas presidencias únicamente les unía el enemigo común. No compartían el interés por el crecimiento de su deporte; ni el afán por hacer las cosas bien; ni siquiera, probablemente, conseguir lo mejor para su federación autonómica. Quizás ni siquiera ellos conozcan los motivos reales de aquellas alianzas, y yo no voy a aventurar en público mis sospechas. Pero la guerra sigue, y dejará más cadáveres por el camino. Esperemos que no se lleven por delante al deporte en general ni a ninguna federación.

balones

La cuestión es que la reforma de la Ley del Deporte, más que necesaria, circula por vía lenta. El cambio de gobierno, la falta de estabilidad política, y los anuncios, repetidos, de una nueva ley del deporte (necesaria) han cerrado en falso aquella crisis. Paciencia.

Mientras, otra ola de reformas normativas en las leyes autonómicas se adelanta a la del estado central. Pero eso es otra historia. Y las federaciones deportivas, tanto las territoriales como las de ámbito estatal, con sus equipos jurídicos —las grandes—, o sus asesores externos —el resto— están a la espera de valorar cualquier novedad normativa que afecte a su actividad.
Continuará.

Leer menos

Si te ha gustado, ¡comparte!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email
juan_ignacio_hernandez

Blog

Juan Ignacio Hernández García

rssfeed

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies